Software ilegal igual a delito penal en España

La BSA ha iniciado desde pasado 15 de septiembre del presenta año 2015 una nueva campaña informativa, para advertir de las posibles consecuencias  penales que podrían derivarse de la utilización de software ilegal para los administradores de las empresas.

Esta nueva legislación está en vigor desde el pasado día 1 de julio del 2015 en España. Fue publicado en el BOE el 31 de marzo y el nuevo Código Penal introduce importantes cambios  acerca de la regulación de la ley de propiedad intelectual en España. Esta nueva ley cambia muchas cosas del panorama jurídico español en el apartado de la protección de derechos de autor en cuanto al softwareEn estos momentos podemos decir que:

SOFTWARE ILEGAL = DELITO PENAL

Sofware, mantenimiento, legislación

Esta es la más llamativa de las novedades, que agravan en mucho las consecuencias penales derivadas del uso de software ilegal o pirata, que se encuentre en los sistemas informáticos de las empresas, tanto para las organizaciones como para los administradores de las mismas. La reforma recoge penas de prisión incluso para los responsables de TI de las empresas, por el uso de software ilegal o “programas pirata” y para los administradores de la sociedad como responsables subsidiarios.

Ante esta situación, tanto los administradores de sistemas, como los responsables de la empresa en temas de despliegues informáticos, deben asegurar que todo el software de la empresa esté en orden, pues el nuevo Código Penal sanciona a personas o empresas que copien programas sin autorización con multas de hasta doscientos ochenta mil euros, pudiendo llegar hasta la suspensión total de las actividades de las empresas infractoras por cinco años. Además, puede darse la disolución de la persona jurídica, que impedirá a la empresa que cometa la ilegalidad, llevar a cabo cualquier clase de actividad que tuviera antes aunque sea lícita.

Usar software ilegal puede traer consecuencias penales en España y, la empresa que cometa delito también quedará inhabilitada para obtener subvenciones y ayudas públicas de todo tipo, para tener contratos con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un plazo que no podrá exceder los 15 años.

En cuanto a los administradores de las empresas que cometan fraude, ser podrían llegar a cuatro años de privación de libertad, además de multas similares a las previstas para las personas jurídicas.

Ibérica Multimedia, como mantenedor de infraestructuras informáticas de  clientes, velará por los intereses de los mismos y evitará en todo momento el uso de licencias no regularizadas con sus respectivos fabricantes.